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El proyecto presentado por el Gobierno nacional vuelve a encender la discusión por el ajuste. Diputados opositores denunciaron que la iniciativa incorpora cambios que afectarían la Ley de Emergencia en Discapacidad y cuestionaron las partidas para las universidades. Mientras tanto, la Casa Rosada busca reunir los votos necesarios para aprobar su “ley de leyes”.
El Presupuesto 2027 llegó al Congreso y, lejos de cerrar la discusión sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, abrió nuevos frentes de conflicto.
Las primeras críticas de la oposición apuntaron directamente a las prioridades fijadas por el Ejecutivo: discapacidad, universidades, infraestructura, transporte y recursos para las provincias aparecen nuevamente en el centro de la pelea política.
Uno de los cuestionamientos más duros surgió desde la Coalición Cívica. El diputado Maximiliano Ferraro advirtió que, mientras el Congreso avanza con el debate de la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno pretende incorporar dentro del Presupuesto modificaciones que implicarían la derogación de artículos centrales de esa ley.
La denuncia instala nuevamente una pregunta que atraviesa el debate presupuestario: ¿quién terminará pagando el costo del ajuste?
Universidades y discapacidad, en el centro de la tormenta
El socialista Esteban Paulón también cuestionó el contenido del proyecto y sostuvo que las próximas semanas serán determinantes para conocer con mayor precisión el modelo económico que proyecta el Gobierno.
El legislador anunció además reuniones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante las dudas existentes sobre el financiamiento de las universidades públicas.
De esta manera, dos sectores especialmente sensibles —personas con discapacidad y educación universitaria— vuelven a quedar en el centro de la discusión sobre el gasto público.
Desde La Libertad Avanza intentan bajar el nivel de confrontación y aseguran que el proyecto podrá ser modificado durante su tratamiento. El oficialismo sostiene que nunca aprobó un Presupuesto “a libro cerrado” y que está dispuesto a discutir partidas y cambios.
Pero la negociación recién comienza.
Déficit cero: la gran apuesta de Milei
El Gobierno mantiene al equilibrio fiscal como una de sus principales banderas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Ejecutivo apunta a conseguir nuevamente un superávit financiero y destacó que, de concretarse, Argentina alcanzaría cuatro años consecutivos con ese resultado.
Para la oposición, sin embargo, el dato fiscal no alcanza para explicar el impacto social del programa económico.
Desde Unión por la Patria, Diego Giuliano reclamó analizar qué lugar ocupa el interior del país dentro del esquema presupuestario y puso el foco en las partidas destinadas a infraestructura, transporte y provincias.
El planteo opositor es directo: el debate no debería reducirse a cuánto se ahorra, sino también a quiénes reciben menos recursos como consecuencia de ese ahorro.
La pelea por los votos ya comenzó
Mientras crecen las críticas, el oficialismo comenzó a mover sus piezas para conseguir una mayoría que permita avanzar con el proyecto.
Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, quedó al frente de la estrategia legislativa junto al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y otros referentes oficialistas.
La cuenta empieza con los legisladores propios y continúa con sus aliados habituales, pero el verdadero desafío aparece en los bloques que responden políticamente a distintos gobernadores.
Entre ellos se encuentran representantes vinculados a Tucumán, Catamarca, San Juan, Neuquén, Santa Cruz, Misiones y Salta.
En ese escenario, las provincias tendrán un papel clave. Sus gobernadores necesitan recursos y, al mismo tiempo, deberán definir qué posición adoptan sus legisladores frente al Presupuesto nacional.
Jaldo y los gobernadores, en una negociación clave
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a reunirse con gobernadores para avanzar en acuerdos políticos y fiscales.
Entre los mandatarios que participaron de las primeras conversaciones se encuentra Osvaldo Jaldo, de Tucumán, junto con Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés y Gustavo Sáenz.
El Gobierno busca así construir una mayoría parlamentaria que le permita avanzar con su programa económico, mientras los mandatarios provinciales intentan defender los recursos necesarios para sostener sus administraciones.
La discusión promete ser intensa: Milei necesita los votos; las provincias necesitan recursos; y la oposición busca frenar o modificar las medidas que considera perjudiciales.
Los números que propone el Gobierno
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una inflación anual del 18%, un crecimiento económico estimado en 4% y un dólar oficial proyectado en $1.847,60 para diciembre del próximo año.
Son las principales previsiones sobre las que el Gobierno pretende construir su programa económico.
Ahora comienza la verdadera batalla: el Congreso deberá decidir qué partidas se modifican, cuáles se mantienen y quiénes cargarán con el costo del ajuste que propone la administración de Javier Milei.
El Presupuesto 2027 recién entra en escena, pero la pelea política ya está instalada.
