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Daniel Alfredo Neira dejó el organismo de comunicaciones con una liquidación neta de $109,7 millones y, prácticamente sin pausa, pasó a ocupar una gerencia en el INTA. El caso generó cuestionamientos dentro del propio organismo y ahora se analiza cómo se realizó el procedimiento.
Una nueva situación vinculada a la administración pública nacional abrió interrogantes sobre el manejo de los recursos del Estado durante el gobierno de Javier Milei.
El protagonista es Daniel Alfredo Neira, quien dejó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) el 31 de julio de 2026 y recibió una liquidación final neta de $109.781.999,73.
Lo llamativo de la secuencia es que al día siguiente comenzó a regir su designación en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde pasó a ocupar un cargo jerárquico.
El caso comenzó a generar cuestionamientos y llevó a poner bajo análisis tanto las condiciones de su desvinculación como la posterior incorporación a otro organismo estatal. (En Orsai)
Casi $110 millones y un nuevo puesto en el Estado
La documentación difundida indica que la liquidación de Neira incluyó $73.067.618,10 por indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 por preaviso y $24.096.076,72 correspondientes a vacaciones no gozadas, hasta alcanzar el monto neto informado de $109.781.999,73. (Las Noticias)
El punto que genera mayor atención no es únicamente el monto, sino la cercanía temporal entre ambos hechos.
Mientras el Gobierno nacional sostiene como una de sus principales banderas la reducción del gasto público y la racionalización de la estructura estatal, el caso expone una situación en la que un funcionario dejó un organismo público con una liquidación millonaria y 24 horas después pasó a desempeñarse nuevamente dentro del Estado.
La existencia de la liquidación, por sí sola, no demuestra una irregularidad: el monto estuvo compuesto por conceptos laborales identificados en la documentación. Lo que ahora genera interrogantes es la combinación entre la desvinculación y la inmediata reincorporación. (Las Noticias)
El nuevo cargo: nivel 11 y por 180 días
La incorporación al INTA fue formalizada posteriormente mediante la Resolución 296/2026 del Consejo Directivo, fechada el 3 de septiembre.
La norma estableció su designación transitoria como gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio, dependiente de la Dirección General de Administración.
El cargo corresponde al nivel de puesto 11 y fue establecido por un período de 180 días, con posibilidad de prórroga si durante ese tiempo no se concreta el procedimiento de selección correspondiente. (LA NACION)
Una decisión que generó preguntas dentro del propio INTA
El caso adquirió mayor repercusión cuando integrantes del Consejo Directivo del INTA manifestaron que no habían sido informados sobre las condiciones de la salida de Neira del ENACOM.
Según fuentes citadas por medios nacionales, el currículum del funcionario llegó al Consejo a pedido de la Dirección General de Administración para incorporarlo al área. Una fuente vinculada al proceso sostuvo que se trató de un pedido para que Neira asistiera en la administración, pero que no se había informado al Consejo sobre las circunstancias de su desvinculación anterior. (LA NACION)
Ese aspecto es uno de los elementos que ahora alimentan el debate dentro del organismo.
La pregunta que queda abierta
La situación plantea un interrogante concreto: ¿bajo qué condiciones puede un funcionario recibir una liquidación por su desvinculación de un organismo estatal y comenzar inmediatamente a trabajar en otra dependencia pública?
Determinar si hubo o no alguna incompatibilidad requiere analizar el régimen contractual de Neira, las condiciones de su desvinculación y las normas aplicables a su nueva designación.
Por el momento, distintos medios informaron que el caso quedó bajo revisión interna del INTA. (Las Noticias)
El contraste que incomoda al discurso oficial
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a la administración de Milei: la distancia entre el discurso de reducción del Estado y determinadas decisiones concretas tomadas dentro de la estructura estatal.
Mientras el Gobierno justifica recortes, reducción de organismos y restricciones presupuestarias en nombre del equilibrio fiscal, situaciones como esta generan preguntas sobre cómo se administran los recursos públicos y bajo qué criterios se producen determinadas designaciones.
Por ahora, no existe una conclusión oficial que determine que la liquidación o la designación hayan sido ilegales. Pero la cronología resulta difícil de ignorar:
31 de julio: finalizó la relación de Neira con el ENACOM.
$109.781.999,73: liquidación final neta informada.
1 de agosto: comenzó a regir su designación en el INTA.
3 de septiembre: el Consejo Directivo formalizó posteriormente el nombramiento mediante la Resolución 296/2026.
Una secuencia de fechas y cifras que ahora quedó bajo la lupa y que promete generar nuevas explicaciones dentro de la administración nacional.
