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El proyecto presentado por Javier Milei contempla cambios en la actualización de la AUH, modificaciones en discapacidad y recursos por debajo de lo solicitado por las universidades. Mientras tanto, algunas áreas vinculadas a ciberseguridad y defensa aparecen entre las que recibirían mayores recursos.
El Gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2027 y, detrás de los grandes números expuestos en cadena nacional, la discusión política se trasladó rápidamente a la letra chica de la iniciativa.
Uno de los principales puntos de controversia es el cambio en el mecanismo de actualización de las asignaciones familiares. El proyecto propone eliminar la fórmula de movilidad que actualmente vincula la AUH y otras asignaciones a la evolución de los precios, sin establecer en su reemplazo una nueva fórmula automática ni un cronograma obligatorio de actualización. En los hechos, los futuros aumentos quedarían sujetos a las decisiones que se adopten en cada presupuesto.
AUH: adiós a la actualización automática
La modificación alcanza a la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares y constituye uno de los puntos más sensibles del proyecto.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), citado por Agencia Noticias Argentinas, advierte que las prestaciones que cuentan con mecanismos automáticos de actualización tuvieron una evolución diferente respecto de aquellas cuyos aumentos quedaron sujetos a decisiones discrecionales.
La discusión de fondo es qué ocurrirá con el poder adquisitivo de esas prestaciones si la inflación vuelve a acelerarse y el Estado no dispone aumentos equivalentes.
Universidades: $7,3 billones frente a un pedido de $11 billones
Otro de los focos de conflicto está puesto en las universidades públicas.
El proyecto contempla alrededor de $7,3 billones para el sistema universitario, mientras que las universidades habían planteado una necesidad de aproximadamente $11 billones para el próximo ejercicio. La diferencia ronda los $3,7 billones.
Desde el sector universitario sostienen que los recursos previstos no alcanzan para cumplir con las necesidades de funcionamiento, salarios y becas, además de reclamar la implementación de la legislación de financiamiento universitario aprobada en 2025.
El proyecto, además, mantiene para 2027 niveles de financiamiento que, según el análisis de ACIJ, dejan al sistema universitario por debajo de los niveles reales de 2023.
Ciencia: menos recursos para organismos estratégicos
El presupuesto también abre una nueva discusión alrededor del financiamiento científico y tecnológico.
En el caso del INTA, las planillas oficiales contemplan para 2027 unos $315.538 millones, frente a los $360.124 millones previstos para 2026: una diferencia nominal de $44.586 millones, equivalente a una reducción del 12,4% antes de considerar la inflación. (LA NACION)
El proyecto también prevé una reducción en la cantidad de cargos presupuestados para el organismo.
El INTI y el CONICET también aparecen entre los organismos cuyo financiamiento es objeto de fuertes cuestionamientos por parte de sectores científicos y opositores, que advierten sobre una pérdida de recursos en términos reales.
Discapacidad: cambios que generan preocupación
La discapacidad constituye otro de los capítulos más discutidos.
El proyecto plantea modificaciones en el régimen de prestaciones y pensiones, incluyendo cambios en el sistema de cobertura y en las condiciones de acceso y permanencia de determinadas pensiones. Chequeado señaló que la iniciativa también elimina mecanismos de actualización por inflación para determinadas prestaciones y modifica el régimen de pensiones.
El debate se concentra especialmente en el impacto que estas modificaciones podrían tener sobre las personas con discapacidad y sus familias.
Ciberseguridad: una partida que crece casi 700%
Mientras varias áreas sociales y científicas son cuestionadas por sus niveles de financiamiento, el proyecto contempla un fuerte incremento para el Centro Nacional de Ciberseguridad, cuya partida crecería alrededor de 697,9%. (El País)
El incremento forma parte de una mayor asignación de recursos a determinadas áreas vinculadas con seguridad y defensa, en contraste con otros sectores que reclaman recomposiciones presupuestarias.
El RIGI vuelve al centro de la discusión
Otro de los puntos que genera debate es el impacto fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El proyecto presupuestario no presenta una estimación específica del costo fiscal de los beneficios asociados al régimen. Sin embargo, estimaciones difundidas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ubican ese costo potencial en miles de millones de dólares anuales.
La discusión gira alrededor de cuánto representa para las cuentas públicas el conjunto de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios otorgados a grandes proyectos de inversión, particularmente en sectores como minería y energía.
El debate que recién comienza
El Presupuesto 2027 todavía debe atravesar el tratamiento parlamentario y puede sufrir modificaciones durante el debate legislativo.
La presentación del Gobierno plantea una hoja de ruta basada en crecimiento económico, equilibrio fiscal y reducción del déficit. Pero la oposición, organizaciones sociales, universidades y distintos sectores científicos cuestionan cómo se distribuyen los recursos y cuáles son las prioridades establecidas en el proyecto.
La discusión, por lo tanto, no se limita a cuánto gastará el Estado durante 2027, sino a qué sectores recibirán los recursos y cuáles deberán afrontar mayores restricciones.
La letra chica del proyecto ya abrió una nueva batalla política en el Congreso.
Nota editorial: evité presentar como hecho comprobado la frase “les regala plata a los que más tienen”, porque es una interpretación política. Sí queda reflejado el contraste entre partidas y beneficios que están documentados, permitiendo que el lector saque sus propias conclusiones.
