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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció señales de enfriamiento en la actividad económica y confirmó que el Gobierno mantiene un intenso debate interno sobre cómo impulsar una recuperación sin poner en riesgo el equilibrio fiscal y cambiario alcanzado en los últimos meses.
Hasta el momento, la estrategia oficial se apoyó en medidas graduales, como la reducción de tasas en licitaciones de deuda y la flexibilización de encajes bancarios para aumentar la liquidez. Sin embargo, estas acciones todavía no lograron traducirse en una baja significativa del costo del crédito para empresas y consumidores.
Frente a este escenario, dentro del equipo económico crecen las voces que proponen avanzar con decisiones más contundentes. Entre ellas, se menciona la posibilidad de reducir drásticamente las tasas de interés y el impuesto a las ganancias, con el argumento de que una menor carga impositiva podría dinamizar la actividad y, a largo plazo, incrementar la recaudación.
Durante su exposición en la ExpoEfi, Caputo admitió que los indicadores de febrero mostraron un desempeño negativo, aunque señaló que se venía de niveles elevados. También destacó el impacto en sectores clave como la industria y la construcción, ambos fundamentales por su capacidad de generación de empleo.
En relación con la construcción, el ministro planteó expectativas de recuperación vinculadas a la transferencia de concesiones viales a las provincias. Según adelantó, en los próximos meses podrían ponerse en marcha miles de kilómetros de obras. En cambio, para el sector industrial no se anunciaron medidas concretas.
Uno de los ejes centrales de la estrategia oficial es reactivar el crédito, buscando que el sistema financiero vuelva a canalizar fondos hacia el sector privado en lugar de concentrarse en el financiamiento del Estado. Actualmente, una gran parte de los activos bancarios está vinculada a deuda pública, lo que limita la disponibilidad de préstamos.
No obstante, persisten obstáculos importantes. Fuentes del sector financiero advierten que existe cautela entre los bancos para otorgar créditos, en parte debido a la incertidumbre sobre el rumbo económico y al incremento de la morosidad, que alcanzó niveles máximos en más de dos décadas.
A esto se suma la preocupación por la brecha entre las tasas que reciben los ahorristas y las que se cobran por los préstamos, una diferencia que desalienta tanto el crédito como el ahorro en moneda local, incentivando la dolarización.
Ante este panorama, el Gobierno evalúa medidas de corto plazo. Entre ellas, líneas de financiamiento a tasas preferenciales para pequeñas y medianas empresas impulsadas por el Banco Nación, así como el posible uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para respaldar créditos y aliviar la carga financiera de las familias.
En paralelo, las tensiones internas dentro del gabinete también influyen en la toma de decisiones, especialmente en torno al uso de estos fondos, bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello.
En este contexto, la desaceleración económica no solo genera preocupación en términos productivos, sino también en el plano político, donde comienzan a evaluarse sus posibles efectos sobre el futuro del Gobierno de Javier Milei.
