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Una nueva controversia golpea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación sobre su patrimonio. Dos mujeres que figuran en la escritura de su departamento como prestamistas negaron públicamente haber tenido vínculo alguno con el funcionario o haberle otorgado dinero, generando un fuerte contraste con la documentación oficial.
Según una investigación publicada por La Nación, Adorni y su esposa adquirieron en noviembre de 2025 un departamento de alto valor en el barrio porteño de Caballito por 230 mil dólares. La operación se habría financiado, en su mayor parte, mediante una hipoteca privada de 200 mil dólares, supuestamente aportada por dos particulares.
Sin embargo, al ser consultadas por la prensa, ambas mujeres rechazaron conocer al funcionario y negaron cualquier tipo de préstamo, lo que introduce serias dudas sobre la veracidad de la estructura financiera declarada.
La propiedad, de amplias dimensiones y ubicada en una zona cotizada, quedó registrada a nombre del funcionario y su pareja en partes iguales. La operación ya había generado interrogantes, no solo por el esquema de financiación, sino también porque se suma a otras adquisiciones recientes dentro del núcleo familiar.
Además, se detectó que las mismas personas involucradas en la hipoteca habían comprado el inmueble apenas seis meses antes, para luego revenderlo con una ganancia significativa. Este movimiento, sumado a las inconsistencias en los testimonios, alimenta sospechas sobre la transparencia de la operación.
El caso se inscribe en una investigación judicial más amplia que busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado por parte de Adorni desde su ingreso a la función pública. En este contexto, la compra del departamento aparece como una pieza clave, ya que obliga a reconstruir el origen de los fondos y la legitimidad del préstamo.
Mientras tanto, el funcionario sostiene que su patrimonio fue construido a lo largo de su carrera en el sector privado y que dará explicaciones únicamente ante la Justicia. No obstante, este nuevo episodio agrega presión política en un momento sensible, en el que el discurso oficial sobre la transparencia queda bajo la lupa.
La incógnita central sigue sin respuesta: si quienes figuran como prestamistas niegan haber participado, ¿de dónde salió realmente el dinero para la compra?
