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En un nuevo capítulo del ajuste sin contemplaciones que impulsa el gobierno nacional, el Hospital Naval —uno de los centros de salud más importantes del país en materia militar— atraviesa una situación crítica que amenaza con su cierre definitivo. La decisión, que estaría siendo impulsada directamente por el ministro de Defensa, Luis Petri, generó una ola de indignación entre el personal sanitario, los trabajadores civiles y buena parte de la Armada, que observa con creciente preocupación el vaciamiento de áreas clave bajo la gestión libertaria.
Según pudo saberse, la intención oficial es privatizar el establecimiento antes de fin de año. En caso de no encontrar una empresa que se haga cargo de su gerenciamiento, el hospital cerraría sus puertas. Se trata de una medida que, de concretarse, implicaría no solo la pérdida de más de 500 puestos de trabajo, sino también la desaparición de un espacio vital para la atención médica de miles de afiliados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que ya viene siendo brutalmente recortada, incluso en tratamientos oncológicos.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) se declararon en estado de alerta y anunciaron un paro para el próximo miércoles 31 de julio. En un comunicado, el gremio denunció que el gobierno no garantiza ni la continuidad laboral del personal ni el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, y reclamó “garantías concretas” para todos los trabajadores. “Sin trabajadores no hay Hospital Naval. La salud no se cierra, se defiende”, afirmaron con contundencia.
El malestar también se extiende dentro de la Armada, donde las voces críticas comienzan a alzarse en off contra una gestión que parece decidida a desmantelar las estructuras que durante décadas sostuvieron la sanidad militar. “Ya está decidido que la Fundación Sanidad Naval no va a prestar más servicios”, admitió un oficial en diálogo con medios. “Y si no consiguen que una empresa se haga cargo del hospital, directamente lo cierran a fin de año. Así, sin más”, aseguró.
Esta no es una situación aislada. El intento de cierre del Hospital Naval se inscribe en una avanzada más amplia del gobierno nacional sobre las instituciones estatales y, en particular, sobre el sistema de defensa. La empresa Coviara, que durante años fue el brazo constructor de la Armada, también fue blanco del recorte: atraviesa su primer paro en la historia ante el anuncio de privatización o cierre. Todo indica que las políticas de Petri responden a una línea de ajuste brutal, que ni siquiera respeta la sensibilidad del área de salud y defensa.
La decisión de avanzar contra el Hospital Naval se produce, además, en un contexto donde las Fuerzas Armadas sufren un deterioro progresivo. La obra social IOSFA se encuentra colapsada y hay denuncias por falta de medicamentos, suspensión de tratamientos vitales y caída de coberturas esenciales.
Mientras el gobierno multiplica los beneficios para grandes grupos económicos y sostiene una retórica de eficiencia, los sectores más vulnerables del Estado —como los trabajadores sanitarios y los propios miembros de la Armada— quedan librados al abandono. El desmantelamiento del Hospital Naval no solo representa un golpe a la salud pública y militar, sino también un gesto político: muestra, con claridad, las prioridades del oficialismo.
La oposición ya analiza impulsar medidas en el Congreso para frenar lo que consideran “una avanzada insensible y peligrosa”, y desde los gremios anticipan nuevas acciones si no se frena el cierre. La cuenta regresiva ya empezó, y el destino del Hospital Naval se transforma, cada vez más, en símbolo del ajuste despiadado que impulsa el gobierno de Javier Milei.
