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La investigación por presuntas maniobras fraudulentas en la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi avanza con fuerza. En las últimas horas, la Justicia Federal ordenó la inhibición general de bienes del exintendente Luis “Pato” Campos, su esposa —la legisladora provincial Sandra Figueroa— y del empresario Roque “Chipi” Giménez, quien ya se encuentra detenido.
La causa, impulsada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, apunta a esclarecer un entramado de corrupción durante la gestión municipal. Se investiga una posible red de adjudicaciones irregulares de obras públicas, lavado de activos y vínculos con organizaciones delictivas. También fue solicitada la detención del exsecretario de Hacienda, José Roldán. En el caso de la legisladora Figueroa, la inmunidad parlamentaria impide por ahora cualquier medida restrictiva.
Aunque el primer pedido de detención fue rechazado por un tecnicismo, el juez José Manuel Díaz Vélez habilitó al fiscal a seguir adelante con la pesquisa. La investigación ya provocó una serie de allanamientos encabezados por Gendarmería Nacional, que incluyeron el secuestro de documentación, computadoras, celulares —incluso el de Figueroa— y vehículos. En el caso de Giménez, también se comprobó que la sede de su empresa «Giménez Consulting Groups» no funciona en el domicilio declarado.
Paralelamente, la Justicia provincial, a cargo de la fiscal Mónica García de Targa, también avanza con una investigación propia, en coordinación con los procedimientos federales.
El fiscal Vehils Ruiz cuenta con el respaldo del Gobierno provincial: la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, entregó al juzgado federal una copia certificada del Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el gobernador Osvaldo Jaldo ordenó la intervención del municipio. El interventor designado, Guillermo Norry, ya comenzó a colaborar con la entrega de documentación requerida por el Ministerio Público Fiscal.
El objetivo ahora es reconstruir en detalle las operaciones financieras, contrataciones y adjudicaciones municipales desde 2017. La inhibición de bienes de los principales involucrados busca asegurar eventuales recuperos económicos en caso de una sentencia condenatoria.
Peritos y equipos técnicos ya analizan el material recolectado. Fuentes judiciales anticipan que la causa aún tiene un largo recorrido por delante, aunque se encuentra en una fase decisiva. No se descarta que próximamente los implicados sean llamados a indagatoria, paso clave para definir su futuro judicial.
