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Designan al abogado Guillermo Norry como interventor normalizador. La medida fue acompañada por un amplio operativo de seguridad y se da en medio de una causa judicial que investiga corrupción, narcotráfico y coacción política.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó este lunes 9 de junio el decreto que oficializa la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, en una determinación de fuerte impacto institucional y político que sacude los cimientos del sur provincial. En consecuencia, el intendente Luis “Pato” Campos fue removido de su cargo, y en su lugar asumirá como interventor normalizador el abogado y dirigente sindical Guillermo Norry.
La medida, que será válida por un período inicial de 180 días, responde a una escalada de denuncias y hechos de gravedad institucional que involucran a la gestión de Campos, y que derivaron en una investigación penal que avanza tanto en la Justicia provincial como en la federal.
Un operativo inédito en el municipio
La intervención fue acompañada por un despliegue sin precedentes de fuerzas de seguridad que incluyó más de 300 efectivos. Durante la madrugada del lunes, se realizaron allanamientos simultáneos en los domicilios del intendente Campos y de su secretario de Hacienda, José Roldán, así como en el edificio municipal, el Concejo Deliberante y zonas aledañas. Participaron Gendarmería Nacional, Infantería, Grupo CERO, Brigada de Investigaciones, Caballería, Didrop, Motorizada y unidades policiales de distintas jurisdicciones.
El operativo fue coordinado por el jefe de Policía, Joaquín Girvau, y el director general de Investigaciones, Ángel Carabajal, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.
La figura del interventor y su misión
El designado interventor, Guillermo Norry, es abogado, dirigente gremial y cuenta con experiencia en la gestión pública. Hasta el momento de su designación se desempeñaba en el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST). También fue funcionario en la Municipalidad de Banda del Río Salí, durante la intendencia de Darío Monteros, actual ministro del Interior y uno de los hombres fuertes del jaldismo, con quien Norry mantiene una relación política cercana.
Su principal tarea será garantizar el funcionamiento administrativo del municipio y encaminar el proceso electoral que permita la renovación democrática de las autoridades locales. Aunque la intervención tiene un plazo inicial de seis meses, el Gobierno provincial evalúa adelantar las elecciones para el 26 de octubre, en coincidencia con los comicios nacionales de medio término.
El origen del escándalo: un audio explosivo
La decisión del gobernador Jaldo tiene como contexto inmediato la viralización de un audio entre el ahora exintendente Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez. En la grabación se escuchan expresiones que generaron un profundo rechazo social y político, además de alimentar sospechas sobre posibles vínculos con redes de narcotráfico y manejos corruptos de la administración pública.
Entre otras frases, Campos habría dicho: «A la policía la manejo yo, a la droga la manejo yo. Necesito un Al Capone para gobernar». Estas declaraciones no solo derivaron en un fuerte escándalo público, sino también en la apertura de una causa judicial por parte del Ministerio Público Fiscal, que ya ordenó una serie de medidas probatorias.
Investigación judicial en curso
Por el momento, ni Campos ni Roldán han sido detenidos, pero sus domicilios fueron requisados y la Justicia secuestró celulares, computadoras, documentación y otros elementos que podrían aportar evidencia clave. Las principales líneas investigativas giran en torno a presuntos delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, coacción, asociación ilícita, vínculos con el narcotráfico y posible lavado de dinero.
La causa avanza en paralelo en fueros provinciales y federales, debido a la posible existencia de delitos de competencia nacional.
La respuesta del Gobierno: «Recuperar la institucionalidad»
Desde el entorno del gobernador Jaldo señalan que la decisión fue tomada con el objetivo de «restablecer el orden institucional, garantizar la transparencia en la gestión y llevar tranquilidad a la población de Alberdi». También remarcaron que la intervención no busca perseguir políticamente a nadie, sino dar respuesta a una situación de extrema gravedad institucional.
La situación de Alberdi ha generado preocupación no solo en la ciudadanía local, sino también en el arco político provincial, donde ya se habla del caso como uno de los escándalos más resonantes de los últimos años.
Lo que viene: elecciones, Justicia y el futuro de Alberdi
Con la intervención ya en marcha y Norry al frente del municipio, la atención estará puesta en el avance de la investigación judicial y en la eventual convocatoria a elecciones. La voluntad del Gobierno sería acelerar el proceso electoral para que la sociedad de Alberdi tenga la posibilidad de elegir nuevas autoridades en las urnas antes de fin de año.
El futuro político e institucional del municipio dependerá, en gran medida, de lo que surja de la causa judicial y del comportamiento del electorado. Mientras tanto, el gobierno tucumano apuesta a sostener la gobernabilidad y recuperar la confianza de los vecinos, en una ciudad golpeada por la crisis y la incertidumbre.
