NAZKA DIGITAL
Related Articles
San Miguel de Tucumán, lunes 12 de mayo de 2025
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, rompió el silencio este lunes tras la difusión de una denuncia penal impulsada por el municipio que conduce, en la que se solicita investigar un presunto fraude financiero ocurrido durante la gestión de su antecesor, Germán Alfaro. La causa, que gira en torno a $500 millones no asentados en los registros oficiales, volvió a encender el enfrentamiento político entre ambos dirigentes, aunque Chahla fue contundente: “Esto no es una cuestión personal ni política. Es un tema estrictamente institucional”.
La acusación radica en la supuesta falta de rendición de fondos que la Provincia transfirió al municipio capitalino en el año 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia. Según consta en la denuncia elaborada por el fiscal municipal Conrado Mosqueira, el gobierno provincial emitió cuatro decretos que disponían el envío de $1.000 millones: dos partidas eran aportes reintegrables y las otras dos, asistencias no reintegrables. Cada tipo de ayuda ascendía a $500 millones y se distribuyó en ocho desembolsos de $125 millones.
Sin embargo, la investigación sostiene que sólo la mitad de ese dinero figura en los registros contables del Ejecutivo municipal de aquel entonces. El faltante, que en 2020 equivalía a unos 4 millones de dólares, motivó al actual gobierno municipal a remitir la documentación al Ministerio Público Fiscal (MPF), a fin de que se determine si hubo irregularidades en el manejo de esos fondos.
Ante la consulta de la prensa, Chahla explicó el origen de la denuncia: “El año pasado recibimos una nota del ministro de Economía, Daniel Abad, solicitando el reintegro de una deuda del municipio con la Provincia. Cuando revisamos la documentación, detectamos que los números no coincidían con nuestros registros. Por eso decidimos acudir a la Justicia para que investigue cuál es el monto real que se debe devolver”.
La jefa comunal también aclaró que el caso no fue publicitado por su equipo: “Nunca mediatizamos el tema ni hicimos una denuncia pública. Fue una medida administrativa que se tomó en su debido momento. El asunto volvió a la agenda recientemente cuando el ministro Abad lo mencionó en una reunión de gabinete, y de allí fue recogido por los medios”.
Germán Alfaro, por su parte, reaccionó con dureza ante la denuncia. El líder del Partido por la Justicia Social (PJS) consideró que se trata de una maniobra con fines electorales y personales. “Desde que dejé el cargo, la actual gestión me acusa de todo. Primero fueron $5.000 millones por el Consorcio Metropolitano, ahora esto. Nunca fui notificado por la Justicia. Es evidente que (Chahla) está en medio de una interna con Jaldo y otros dirigentes, y me pone a mí como chivo expiatorio”, sostuvo el exintendente, quien además acusó a Chahla de tener una “obsesión” con él.
Frente a esas declaraciones, Chahla respondió con firmeza: “No hay ninguna intencionalidad política. Esta gestión actuó con responsabilidad institucional. El reclamo viene de la Provincia, nosotros encontramos inconsistencias y las pusimos en conocimiento de la Justicia. No se trata de chicanas ni de operaciones mediáticas”.
La investigación quedó en manos de la fiscalía contable y de la fiscalía jurídica, que deberán analizar la documentación enviada por el municipio y determinar si existió o no delito en el manejo de esos fondos públicos durante la administración anterior.
Mientras tanto, el clima político en la capital tucumana se caldea, con la proximidad del calendario electoral como telón de fondo y un enfrentamiento cada vez más visible entre dos figuras que lideran espacios con visiones muy distintas de la gestión pública.
