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San Miguel de Tucumán, jueves 8 de mayo de 2025
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de su Fiscalía, presentó una denuncia penal contra el exintendente Germán Alfaro por un presunto fraude financiero que podría ascender a los $500 millones. La actual jefa municipal, Rossana Chahla, promovió la acción judicial luego de detectar serias inconsistencias en el manejo de fondos provinciales durante la gestión anterior.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2024 ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, con el patrocinio del abogado Alfredo Falú. El caso se originó tras una notificación enviada por el Ministerio de Economía de la Provincia, a cargo de Daniel Abad, que advertía sobre una deuda que el municipio mantenía con la administración central por un monto que nunca fue rendido ni registrado formalmente.
Según los informes oficiales, en el año 2020 la Provincia transfirió al municipio $500 millones a través de dos decretos firmados por el entonces gobernador Juan Manzur. Sin embargo, al revisar la contabilidad interna, las autoridades actuales encontraron registros de solo la mitad de ese dinero: dos transferencias de $125 millones depositadas en una cuenta oficial.
La investigación administrativa posterior permitió detectar la existencia de una segunda cuenta bancaria, abierta en el Banco Macro a nombre de la Municipalidad pero nunca registrada en los sistemas oficiales. Esta cuenta habría operado entre junio de 2020 y febrero de 2021, recibiendo depósitos por un total de $250 millones, también en cuatro transferencias de $125 millones cada una. De acuerdo con la documentación presentada, la cuenta fue gestionada por orden directa del entonces intendente Germán Alfaro y tuvo como firmantes autorizados a los exfuncionarios Luis Ocaranza (exsecretario de Gobierno) y Carlos Gómez (exsecretario de Economía y Hacienda).
Lo más grave del caso es que la cuenta fue cerrada en noviembre de 2024 y, según el escrito judicial, fue completamente “vaciada”. Así lo expresó el fiscal municipal Conrado Mosqueira, quien sostuvo que “la cuenta no ingresó nunca al sistema contable ni financiero de la Municipalidad. Eso significa que $500 millones, equivalentes a unos U$S 3,8 millones al valor de 2020, desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro documental”.
Además, Mosqueira remarcó que los fondos no contaban con el aval del Concejo Deliberante, tal como exige la normativa vigente, lo que dejaría al descubierto un procedimiento irregular que compromete la legalidad institucional de toda la operación.
El escándalo fue expuesto públicamente durante una reunión conjunta entre los gabinetes de la Provincia y del Municipio, encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Chahla. Allí se trató la situación de la deuda que, desde hace meses, comenzó a ser descontada de manera automática por la Provincia de los fondos coparticipables destinados a la Capital.
El contador general del Municipio, Marcelo Albaca, también se pronunció sobre el tema: “Es un financiamiento irregular que no tuvo aval legislativo ni pasó por el Tribunal de Cuentas. Queremos saber cómo se autorizó y por qué no fue detectado en su momento”.
Ante la falta de avances en la investigación judicial, la Municipalidad evalúa constituirse como querellante para impulsar el proceso penal. La causa ya se encuentra bajo análisis del fiscal regional Fernando Blanno, quien deberá determinar si existieron responsabilidades penales en el presunto desvío de fondos públicos.
De confirmarse las acusaciones, el caso podría convertirse en uno de los hechos más graves de presunta malversación de caudales públicos registrados en la historia reciente de la capital tucumana. Por el momento, la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas y cruces de información bancaria, mientras crece la presión política y mediática sobre los exfuncionarios involucrados.
