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Expertos advierten que el plan del ministro para liberar el uso de dólares no declarados podría violar normas internas y compromisos internacionales del país. El GAFI observa de cerca.
Aguilares, 6 de mayo de 2025 – La reciente iniciativa del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, de permitir el uso de dólares no declarados sin exigir explicaciones ni sancionar a quienes los posean, desató una ola de críticas y preocupaciones entre especialistas en materia legal, tributaria y financiera. La propuesta, que según el propio Caputo avanzaría mediante resoluciones administrativas y no a través de una ley del Congreso, es considerada por muchos expertos como un intento de blanqueo encubierto que carecería de validez legal y pondría a la Argentina en una situación delicada frente a organismos internacionales.
“Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones”, expresó Caputo días atrás, al anunciar que buscará desregular el uso de divisas en poder de particulares fuera del sistema financiero formal. Según explicó, la medida apunta a que los ciudadanos puedan gastar sus ahorros en dólares sin necesidad de justificar su origen, y sin temor a represalias por parte de la AFIP, el Banco Central (BCRA) o la Unidad de Información Financiera (UIF). “No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos, no lo hacen porque les rompen los cocos”, declaró el ministro con tono desafiante.
Fuentes oficiales señalaron que el gobierno trabaja en resoluciones conjuntas entre el Ministerio de Economía, el BCRA y la recientemente rebautizada ARCA (ex AFIP), que suspenderían controles y sanciones para quienes decidan utilizar sus dólares no declarados. Sin embargo, especialistas en derecho tributario alertaron que este tipo de blanqueo solo puede realizarse por ley, ya que las sanciones tributarias están establecidas normativamente y no pueden ser derogadas por simples resoluciones administrativas.
Además, existe un obstáculo clave: aunque el Poder Ejecutivo puede, bajo ciertas condiciones, eximir del cobro de intereses o multas mediante el artículo 113 de la Ley 11.683, no está habilitado a eliminar obligaciones como el pago de IVA o del Impuesto a las Ganancias, lo cual dejaría a los contribuyentes en una situación ambigua. Es decir, podrían usar sus dólares sin sanciones, pero estarían igualmente obligados a tributar por ellos.
Un reconocido tributarista consultado explicó que incluso algunos jueces federales, ante una consulta informal, coincidieron en que este tipo de medida carecería de respaldo jurídico sólido. “Puede haber un relajamiento de controles, pero si mañana cambia el gobierno, las resoluciones caen y los contribuyentes quedan expuestos a la aplicación plena de la ley”, advirtió.
Pero el impacto no se limitaría al plano local. La medida también generó alarma por su potencial incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que supervisa las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Un blanqueo sin mecanismos de control y sin trazabilidad del origen de los fondos pondría en entredicho el cumplimiento de dichas normas, y podría derivar en el regreso del país a la “lista gris” del GAFI, de la cual había logrado salir recientemente bajo vigilancia.
Ser incluido en esa lista implicaría consecuencias económicas directas: encarecimiento del crédito externo, mayores trabas para la inversión extranjera y dificultades en la relación con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que hoy figuran entre los pocos prestamistas dispuestos a operar con la Argentina.
En el fondo, el anuncio de Caputo revela la creciente urgencia del gobierno por hacerse de dólares en un contexto de reservas ajustadas, vencimientos de deuda en puerta y exigencias pactadas con el FMI, que reclama la acumulación de al menos 4.500 millones de dólares en reservas netas. Sin acceso al financiamiento externo ni señales de repunte inmediato de exportaciones, el Ejecutivo apuesta a que los dólares guardados por los argentinos puedan reactivar el consumo y el ingreso de divisas al circuito formal.
No obstante, la vía elegida podría abrir un nuevo frente de conflicto jurídico, político y diplomático. Aunque Caputo no descartó buscar la posterior convalidación parlamentaria de su iniciativa mediante una ley, como podría ser el caso del Presupuesto 2026, por el momento la estrategia gubernamental se apoya en una delgada línea legal que ya genera fuerte resistencia en diversos sectores.
