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La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, fue formalmente imputada en una causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de alimentos destinados a planes sociales. La decisión judicial se enmarca en la denuncia realizada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, y actualmente el expediente está en manos del juez federal Ariel Lijo —subrogando el Juzgado Federal Nº12— junto al fiscal federal Franco Picardi.
Según surge de la investigación preliminar, en febrero de 2024 Pettovello firmó una resolución por la cual se autorizaba la transferencia de $14.000 millones para la compra de productos esenciales como arroz, fideos y leche en polvo. La operatoria debía realizarse a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo que actuaría como intermediario en la licitación a cambio de una comisión equivalente al 3% del total de la operación.
Sin embargo, la denuncia sostiene que la licitación prevista para la adquisición de un millón de unidades de cada producto no avanzó como estaba estipulado. De acuerdo a la presentación judicial, existirían serias inconsistencias respecto a la ejecución de los fondos, por lo que Pettovello fue acusada de los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal Picardi impulsó formalmente la investigación a principios de febrero de este año, solicitando una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al propio PNUD, para determinar con precisión el destino de los fondos asignados y esclarecer las presuntas irregularidades.
La causa podría tener un fuerte impacto institucional, dado que el Ministerio de Capital Humano concentra la ejecución de varios programas sociales y alimentarios claves para el gobierno nacional. Hasta el momento, ni Pettovello ni voceros oficiales de su cartera emitieron declaraciones públicas respecto de la imputación.
El proceso judicial recién comienza, pero ya genera preocupación en distintos sectores políticos y sociales, que reclaman mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados a combatir la pobreza y la inseguridad alimentaria en el país.
