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Con un sentido homenaje al Papa Francisco, los legisladores dieron inicio a la sesión de este jueves, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo.
En primer término, se abordaron los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Entre los temas tratados, se sancionó la adhesión de la Provincia de Tucumán a las modificaciones introducidas por las Resoluciones N° 15/2024 y 23/2024 de la Comisión Plenaria al Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977. Asimismo, se sancionó el convenio firmado el 18 de marzo de 2025 entre el Ministerio de Economía de la Nación Argentina y la Provincia de Tucumán, mediante el cual se instrumenta un acuerdo de dación en pago de un inmueble mejorado por crédito a cancelar. El inmueble en cuestión está ubicado en las calles Avenida Manantial Sur y Coronel Zelaya, correspondiente al programa PROCREAR II.
También se aprobó la modificación de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, fijando en 1,5% la tasa aplicable a los ingresos derivados de actividades turísticas desarrolladas en la provincia, siempre que estén inscriptas en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios Turísticos.
En otro orden, se sancionó la ley que autoriza la donación al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) de una fracción de inmuebles ubicados en la localidad de Santa Ana, departamento de Río Chico, destinada al funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Colonia 5 y Colonia 6.
Asimismo, se aprobó el proyecto que establece que la Dirección de Catastro de la Provincia sea la autoridad de aplicación de diversas leyes provinciales vinculadas al ordenamiento territorial y la regularización dominial.
También se aprobó la adhesión de Tucumán a la Ley Nacional N° 27.786, conocida como Ley Antimafias, para combatir organizaciones criminales mafiosas. En este caso, se incorpora la ley nacional al marco legal provincial, adecuándola a las instituciones y procedimientos locales.
Al respecto, el titular de la Cámara expresó: “.”
Finalmente, se sancionó el proyecto que declara como bienes de patrimonio público a los canales digitales institucionales pertenecientes a organismos del Estado, incluyendo sus claves de acceso y contenidos destinados a la comunicación oficial de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada y Organismos Autárquicos.
