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Domingo 20 de abril de 2025
El plan de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno de Tucumán como parte de su estrategia de contención del gasto público ha logrado una alta adhesión desde su implementación en mayo de 2024. A menos de un mes del cierre del plazo —previsto para finales de mayo— ya son 1.137 los empleados del Poder Ejecutivo provincial que completaron su desvinculación del Estado mediante esta herramienta, según datos actualizados por la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento.
La iniciativa fue promovida por el gobernador Osvaldo Jaldo en el marco de las políticas de ajuste contempladas en la Ley N.º 9.764, que regula los procesos de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente. Se trata de una de las medidas más relevantes dentro del plan provincial para reducir el tamaño del Estado, optimizar recursos humanos y reorganizar el funcionamiento de la administración pública.
Con la prórroga vigente hasta fines de mayo, ya hay más de 400 solicitudes adicionales en proceso de evaluación, lo que anticipa un cierre aún más elevado del número de egresos. Desde el Ejecutivo destacan el alto interés generado por el régimen, especialmente entre empleados con formación profesional y de edad media.
¿Quiénes se van? Los perfiles predominantes
Un análisis detallado del perfil de los trabajadores que adhirieron al plan revela que casi la mitad (49,8%) tiene entre 40 y 49 años, un grupo etario que representa un importante capital humano dentro de la administración pública. Además, el 25,5% tiene entre 30 y 39 años, mientras que el 18,1% corresponde a la franja de 50 a 59 años. Solo una proporción marginal de los egresados está por debajo de los 30 o por encima de los 60 años.
En cuanto al nivel educativo, más de la mitad (51,9%) cuenta con formación universitaria, seguido por quienes poseen título secundario (29,8%), terciario (7,2%), primario (9,2%) o acreditan idoneidad sin título formal (1,8%). Estos datos muestran que el retiro voluntario no fue optado únicamente por personal con cargos operativos, sino también por técnicos, administrativos y profesionales.
Áreas más afectadas
El impacto del programa se distribuyó de forma desigual entre las distintas reparticiones del Estado. Las que registraron mayor cantidad de desvinculaciones fueron:
Caja Popular de Ahorros, con 269 salidas
Ministerio de Desarrollo Social, con 114
Ministerio de Economía y Producción, con 100
Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), con 88
Ministerio de Educación, con 81
Ente Cultural de Tucumán, con 55
En contraste, dependencias como la Fiscalía de Estado apenas contabilizaron tres retiros. Además, 67 solicitudes fueron rechazadas, en su mayoría por incumplimiento de requisitos como encontrarse bajo licencia médica, pertenecer a sectores estratégicos o no contar con antigüedad suficiente.
Condiciones del retiro
El régimen de retiro voluntario garantiza a los agentes una compensación del 70% del salario bruto durante cuatro años, con actualizaciones parciales del mismo porcentaje respecto a los aumentos generales de su categoría, aunque sin bonificaciones ni adicionales (como horas extra o fondo estímulo). También se mantiene la cobertura de obra social. Los beneficiarios pueden solicitar extender su permanencia en el régimen por otros cuatro años o hasta alcanzar la edad jubilatoria.
Es importante destacar que el plan no incluye al personal del Poder Judicial ni de la Legislatura, que manejan sus propios sistemas administrativos y estadísticas. Tampoco contempla cargos políticos ni contratados, que no forman parte del universo de planta permanente.
Un rediseño del Estado provincial
Desde el área que conduce el secretario de Gestión Pública, Javier Morof, destacaron que el programa de retiros voluntarios ha sido una herramienta útil para reordenar recursos, fomentar la movilidad laboral y mejorar la eficiencia del aparato estatal. En línea con las directrices del Gobierno Nacional, la provincia busca avanzar en una administración más ágil, moderna y sostenible.
Según el Presupuesto 2025, la planta permanente del Estado tucumano contempla 101.267 cargos, distribuidos entre los tres poderes y entes autárquicos, sin contabilizar el personal contratado.
A la espera del cierre del plan a fines de mayo, desde Casa de Gobierno aseguran que el proceso se está desarrollando de manera ordenada, con seguimiento personalizado a cada caso, y con un horizonte claro: reducir el gasto sin resentir los servicios esenciales, mientras se impulsa una transformación estructural del Estado tucumano.
