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El operativo de seguridad por la movilización de este miércoles frente al Congreso Nacional quedará exclusivamente en manos de la Policía de la Ciudad. La decisión fue tomada por el juez Andrés Gallardo, quien resolvió apartar del despliegue a las fuerzas federales comandadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras una presentación realizada por la CGT y la UTEP.
El fallo, emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2, establece que el Ministerio de Seguridad de la Nación deberá abstenerse de intervenir en el contexto de la marcha convocada por organizaciones de jubilados y centrales sindicales. Según lo dispuesto por Gallardo, el Gobierno Nacional no podrá interferir en asuntos de seguridad pública que competen exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de los límites que impone la ley para proteger edificios e intereses federales.
De esta forma, el operativo previsto para este miércoles 9 de abril en los alrededores del Congreso Nacional estará a cargo únicamente de las fuerzas porteñas. La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria no podrán participar, salvo para custodiar estructuras federales como el propio Congreso.
El magistrado también instruyó al Gobierno porteño a planificar, organizar y ejecutar de manera autónoma un dispositivo de seguridad que garantice tanto el orden público como el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de los manifestantes.
La decisión judicial se enmarca en un clima de creciente tensión social, en la previa de una semana cargada de protestas. La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la realización de un nuevo paro general para el jueves 10 de abril —el tercero desde que Javier Milei asumió la presidencia— y una movilización previa junto a los jubilados el miércoles.
Pese a la medida de fuerza, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anticipó que no se sumará al paro, lo que garantiza el funcionamiento del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debilitando el impacto de la huelga nacional.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo Directivo de la CGT, su cotitular Héctor Daer explicó los motivos de la convocatoria: “Exigimos la libertad para negociar paritarias libres y homologadas, un aumento de emergencia a los jubilados, el respaldo parlamentario para actualizar el bono de 70 mil pesos, el repudio a la represión ocurrida hace ocho días, la revisión de las asignaciones familiares y la elaboración de un programa integral que defienda al sector productivo nacional”.
Con este escenario, se anticipan jornadas de alta conflictividad social y política en el centro porteño, con movilizaciones que buscarán visibilizar el descontento frente a las políticas económicas del Gobierno nacional, en un contexto de creciente inflación, recortes y tensiones institucionales.
