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Este martes se llevó a cabo un operativo policial en la ciudad de Aguilares con el objetivo de cumplir una orden de desalojo en un inmueble ubicado en la ex Ruta Nacional 38, a orillas del Río Chico, en el barrio Santa Rosa. La medida fue dispuesta por la jueza María Beatriz Peluffo, del Juzgado de Paz Letrado de Aguilares, en el marco de un litigio entre particulares.
El procedimiento comenzó a las 9:30 y se extendió hasta las 16:45, contando con la intervención de diversas unidades policiales, incluyendo Infantería, Seguridad Vial, Drogas Peligrosas, Bomberos y Policía Científica. También participaron organismos provinciales como el Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.), Defensa Civil y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF), con el fin de velar por la seguridad de los involucrados y garantizar que la medida se desarrollara con normalidad.
Incidentes durante el operativo
Al momento del desalojo, se encontraba en la propiedad Marta Isabel Vera junto a familiares, entre ellos menores de edad y una mujer mayor. El personal de salud asistió a las personas presentes, mientras que los efectivos policiales procedieron a liberar el espacio de aquellas personas que no residían en el lugar pero se habían acercado en señal de apoyo.
Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando los oficiales encontraron a Marta Isabel Núñez, de 74 años, encadenada a un árbol como forma de protesta. La mujer, quien afirmó ser familiar de Vera, manifestaba su negativa a abandonar el predio argumentando que la propiedad era parte de una herencia. Luego de un diálogo con las autoridades y tras recibir asistencia, accedió a retirarse voluntariamente.
Ejecución de la medida y resguardo del predio
Una vez finalizado el procedimiento, las pertenencias de los ocupantes fueron retiradas y trasladadas a la vía pública. Posteriormente, siguiendo las disposiciones del Juzgado, se estableció una consigna policial en el lugar a cargo del personal de Infantería Sur, con el fin de resguardar la propiedad y evitar nuevos incidentes.
El operativo fue supervisado por el jefe de la Zona Nº 1 de la Unidad Regional Sur, comisario inspector Sergio González, y el jefe de la Comisaría de Aguilares, comisario principal Sergio Castro.
Aclaración sobre la situación legal del caso
Dado el impacto que generó la medida y la circulación de versiones erróneas sobre la participación de distintos actores, la Municipalidad de Aguilares emitió un comunicado con el objetivo de aclarar su posición.
En el documento, el Ejecutivo Municipal desmintió categóricamente cualquier tipo de vinculación con el procedimiento, recordando que se trata de un conflicto entre particulares que está siendo resuelto en la Justicia. «Es absolutamente falsa la información que involucra a la Municipalidad en esta medida de desalojo. No tenemos ningún tipo de injerencia ni interés en el proceso legal en cuestión, ya que se trata de un litigio privado que compete exclusivamente a las partes involucradas y al Poder Judicial», indicaron.
Asimismo, el comunicado reafirmó el compromiso del municipio con la institucionalidad y el respeto a la división de poderes, dejando en claro que todas las decisiones en torno a esta situación corresponden al ámbito judicial y no a la administración municipal.
Este episodio pone de manifiesto la relevancia de abordar los conflictos legales con los mecanismos adecuados y dentro del marco del diálogo, evitando la difusión de información errónea que pueda generar confusión en la comunidad.
