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El caso de Miguel Ángel “Miguelón” Figueroa ha generado una fuerte repercusión en los ámbitos gubernamentales y judiciales de Tucumán. Acusado de amenazar al gobernador Osvaldo Jaldo, a un juez y a tres fiscales, su accionar motivó una rápida respuesta de las autoridades, que desplegaron múltiples operativos para garantizar la seguridad de los funcionarios involucrados.
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, subrayó la gravedad del hecho y afirmó que “no hay antecedentes de un caso similar en la provincia”. Según explicó, el origen de la denuncia fue un audio de WhatsApp que Figueroa envió a una periodista, quien de inmediato lo puso en conocimiento de la fiscalía. Desde allí, el mensaje llegó al juez a cargo y posteriormente al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, quien alertó a las máximas autoridades provinciales.
Respuesta inmediata y operativos de seguridad
Ante la amenaza, el propio presidente de la Corte se comunicó con el ministro de Seguridad para advertirle sobre la situación. Agüero Gamboa, a su vez, informó al gobernador Jaldo y, en coordinación con las fuerzas policiales, se activaron los protocolos de seguridad para proteger a las personas mencionadas en el mensaje intimidatorio.
El funcionario destacó que la investigación comenzó en la tarde del lunes y que, a partir de las 23 horas, se pusieron en marcha operativos en diferentes puntos de la provincia. Uno de los procedimientos más relevantes se llevó a cabo en la zona de Villa 9 de Julio, donde efectivos policiales detuvieron a más de 40 personas y secuestraron vehículos. El operativo estuvo liderado por el jefe de la Policía, Joaquín Girvau, quien supervisó personalmente el despliegue de las fuerzas de seguridad.
Según detalló Agüero Gamboa, las investigaciones se enfocaron en identificar a personas que pudieran haber estado en contacto con Figueroa antes y después de la difusión del audio amenazante. “En total, se han detenido 97 personas, algunas por orden judicial y otras por contravenciones. Todas han sido identificadas y ahora será la fiscalía la que determine su situación procesal”, precisó el ministro.
Además, Agüero Gamboa fue tajante al advertir que “no se permitirá un ataque a las instituciones del Estado. Amenazar a funcionarios judiciales y al gobernador es una agresión directa a la democracia y al sistema de justicia, y no vamos a tolerarlo”.
Un prontuario marcado por la violencia
No es la primera vez que “Miguelón” Figueroa es vinculado con amenazas contra funcionarios judiciales. En enero de 2024, días antes de enfrentar un juicio por tres homicidios, el acusado ya había intimidado a los fiscales Pedro Gallo, Carlos Sale e Ignacio López Bustos, quienes estaban a cargo de la acusación en ese proceso.
Figueroa es un delincuente con un extenso historial delictivo, que incluye condenas por homicidio y actividades relacionadas con el narcotráfico. Según fuentes oficiales, el acusado perdió el control sobre un territorio que manejaba y ahora enfrenta un nuevo juicio por otro asesinato.
Compromiso del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado
En medio de la conmoción por este caso, el ministro de Seguridad reafirmó el compromiso del Gobierno provincial en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. “Hablamos con el gobernador Jaldo y vamos a seguir redoblando esfuerzos para combatir a las organizaciones delictivas que intentan instalarse en Tucumán. No vamos a permitir que el crimen organizado gane terreno en nuestra provincia”, sostuvo.
Finalmente, Agüero Gamboa insistió en que el Gobierno continuará reforzando los operativos de seguridad en todo el territorio provincial. “Estamos decididos a enfrentar a quienes intenten desestabilizar el orden. Las instituciones están por encima de cualquier amenaza y vamos a responder con todo el peso de la ley”, concluyó
