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Una compleja operación de defraudación al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ha puesto en jaque a varias farmacias del sur de Tucumán, cuyos propietarios y directores técnicos están siendo investigados por un fraude que superaría los 282 millones de pesos. La trama se desarrolló entre junio y julio de 2023, mediante una serie de maniobras fraudulentas que incluyeron la falsificación de recetas digitales y la facturación de medicamentos que nunca fueron entregados a los pacientes.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada el 24 de julio de 2023 por el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, luego de detectar anomalías en la facturación de tres farmacias que operaban con la obra social PAMI. A partir de esa denuncia, la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal Agustín Chit y la auxiliar fiscal Julia Vitar, inició un exhaustivo análisis que reveló una serie de irregularidades de gran magnitud.
Según los detalles del caso, la red de fraude consistía en la emisión de recetas digitales falsas, las cuales eran validadas por las farmacias implicadas. Estas recetas, a menudo generadas con la complicidad de profesionales médicos o personas con acceso a sus claves digitales, permitían que los establecimientos facturaran al PAMI por medicamentos que nunca se entregaron. Las farmacias involucradas, a su vez, falsificaban troqueles de medicamentos para simular su venta y recibir el pago de la obra social.
Entre las irregularidades detectadas, la investigación encontró casos en los que se validaron recetas en un tiempo extremadamente corto, incluso en menos de un minuto. Además, se descubrió que la caligrafía de las personas encargadas de retirar los medicamentos era idéntica en varias órdenes, lo que indicaba que las recetas estaban siendo manipuladas de manera sistemática. También se observaron errores de tipeo en los nombres de los medicamentos, y en muchos casos, no coincidían los datos de las personas que figuraban como beneficiarios en las órdenes con los números de documento de identidad registrados en los sistemas.
Ante estos hallazgos, la Fiscalía solicitó de manera urgente la suspensión preventiva de la atención a afiliados de PAMI en las farmacias implicadas. Además, se presentó una solicitud ante el Juzgado Federal N°1 para emitir una medida cautelar de no innovar, que impidiera la realización de pagos pendientes tanto del PAMI como del Colegio de Farmacéuticos a las farmacias denunciadas.
El juez subrogante Guillermo Díaz Martínez, tras revisar los detalles del caso, autorizó la realización de allanamientos simultáneos en las farmacias investigadas, así como en los domicilios de sus propietarias. Durante estos operativos, se incautaron documentos clave que permitieron ampliar la investigación y rastrear a otros posibles involucrados en la red de fraude. Como resultado de estos avances, fueron citadas a declarar las propietarias de los comercios, las directoras técnicas y un individuo señalado como responsable de la explotación de los fondos de los establecimientos.
En los últimos días, los acusados han comparecido ante la Justicia para prestar declaración, mientras que la fiscalía ha solicitado la adopción de medidas cautelares sobre los bienes detectados en la investigación patrimonial de los implicados. Por otro lado, se continúa con la pesquisa para determinar la participación de médicos y prestadores de servicios del PAMI que podrían haber sido cómplices en la maniobra fraudulenta.
Este caso no solo pone en evidencia una red de corrupción vinculada a la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados, sino que también refleja una grave afectación a los recursos de la obra social más grande del país. La investigación sigue abierta y la justicia avanza en el análisis de nuevas pruebas con el objetivo de esclarecer el alcance del fraude y asignar las responsabilidades correspondientes en un esquema que, aparentemente, operó durante varios meses sin ser detectado.
