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En la madrugada de este jueves, la jueza Karina Andrade dispuso la liberación de las 114 personas que habían sido detenidas durante la protesta de jubilados realizada el miércoles frente al Congreso Nacional. En su fallo, la magistrada argumentó que la falta de información precisa sobre las detenciones dificultó su análisis judicial.
Andrade señaló que, a medida que avanzaba la noche, los reportes de arresto eran cada vez más imprecisos, sin detalles sobre la hora, el lugar o el motivo específico de cada detención. Además, no se indicaba el destino de los detenidos, lo que llevó a la jueza a cuestionar la legalidad del procedimiento.
La manifestación, conocida como «Marcha por los Jubilados», se lleva a cabo todos los miércoles desde mediados de 2024 en reclamo de mejores condiciones para los adultos mayores. En este contexto, Andrade subrayó la importancia de garantizar derechos fundamentales como la protesta, la libertad de expresión y la posibilidad de peticionar ante las autoridades.
Asimismo, la magistrada recordó que la Constitución Nacional y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores amparan a este sector vulnerable. También destacó que la libertad de expresión y el derecho a la protesta son pilares de la democracia y deben ser protegidos, siempre que se ejerzan dentro de la legalidad.
Por otro lado, Andrade criticó la falta de registros claros sobre las detenciones, ya que en muchos casos solo se hacía referencia a «los hechos del Congreso de la Nación», sin precisar las circunstancias específicas de cada arresto. Según la jueza, esta deficiencia no fue responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, sino de la actuación de las fuerzas de seguridad durante el operativo.
En consecuencia, y en resguardo de los derechos constitucionales de los detenidos, la jueza ordenó su inmediata liberación.
