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Entre 15,000 y 70,000 usuarios de energía eléctrica en Tucumán se verán afectados por aumentos significativos en sus facturas durante el primer bimestre de 2025, tras la recategorización realizada por la Secretaría de Energía de la Nación. Esta medida, basada en un cruce de datos laborales, económicos y tributarios, ha resultado en la exclusión de miles de hogares del sistema de subsidios nacionales, lo que incrementará considerablemente los costos del servicio eléctrico.
El interventor del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, explicó que esta decisión afectará principalmente a los usuarios clasificados como de bajos ingresos (categoría N2), que representan el 70% de los 500,000 clientes de la distribuidora local EDET. “Mucha gente que dependía de este beneficio ahora quedará fuera. Nación tendrá que justificar esta determinación; no es una cuestión que dependa de la Provincia”, señaló Ascárate.
El origen de la recategorización está en una revisión del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora denominada ARCA, en el último trimestre de 2024. Este análisis incluyó criterios como ingresos, propiedades y posesión de vehículos, excluyendo a quienes ya no cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional para recibir subsidios.
La problemática comenzó a hacerse visible tras la presentación de una acción de amparo por parte de usuarios que denunciaron errores en el proceso de segmentación tarifaria. Ascárate advirtió que el impacto de esta medida será inmediato, reflejándose en las boletas de enero y febrero, lo que podría derivar en un aumento considerable de reclamos por parte de los usuarios. “Estamos revisando la información entre los registros de octubre y enero, pero ya sabemos que habrá complicaciones importantes para miles de tucumanos”, afirmó.
En 2024, la provincia firmó un convenio con EDET para implementar una tarifa social plus destinada a los usuarios N2, ofreciendo descuentos de entre $5,000 y $7,000 en las facturas como un esfuerzo para aliviar la carga económica de los sectores más vulnerables. Sin embargo, Ascárate advirtió que la recategorización nacional pone en peligro este beneficio para miles de hogares que ya enfrentan dificultades económicas.
El caso de Salta, donde una acción judicial logró mantener los subsidios para numerosos usuarios de bajos ingresos, es observado con atención en Tucumán. Ascárate informó que el Ersept iniciará gestiones para intentar restituir los subsidios, aunque reconoció que las decisiones de la Secretaría de Energía de la Nación están fuera de las competencias provinciales. “Nos enfrentamos a una situación incierta, con un impacto que no sabemos hasta dónde puede llegar”, agregó.
Mientras tanto, el gobernador Osvaldo Jaldo busca garantizar la mayor cobertura posible para los usuarios tucumanos, en una provincia donde la mayoría de los hogares dependen de subsidios para enfrentar los costos energéticos. Sin embargo, miles de familias enfrentan con incertidumbre el impacto que esta decisión tendrá en sus economías, reflejando las tensiones entre las medidas nacionales y las necesidades locales.
